Desde diciembre de 2025, cuando el Tribunal Federal del Distrito de Nebraska emitió la orden de arresto contra Aníbal Alexander Canelón Aguirre, su nombre comenzó a circular en informes reservados del FBI como una prioridad internacional. Se le vinculaba con una red de ataques informáticos contra cajeros automáticos en Estados Unidos, más de ciento diecisiete incidentes que generaron pérdidas millonarias y que, según las investigaciones, alimentaban circuitos de lavado asociados al Tren de Aragua. Durante meses, agentes federales siguieron su rastro por distintos países hasta ubicarlo en Venezuela, donde se movía con discreción y bajo protección de estructuras criminales locales.
El fin de semana del 13 al 14 de septiembre de 2026, la operación finalmente se ejecutó. La captura ocurrió en territorio venezolano, pero no hubo comunicado del Ministerio de Interior, ni del SEBIN, ni del CICPC, ni de ningún organismo nacional. La noticia no la dio Venezuela: la dio Estados Unidos. El martes 15 de septiembre, los medios internacionales comenzaron a replicar las declaraciones del director del FBI ante el Comité Judicial del Senado, donde confirmó que Canelón Aguirre había sido capturado en Venezuela y ya estaba en traslado hacia Estados Unidos. Fue en ese momento cuando la prensa mundial se enteró de que una operación federal estadounidense había ocurrido dentro del territorio venezolano sin que el gobierno venezolano lo anunciara, lo explicara o siquiera lo reconociera.
La ausencia de pronunciamiento oficial se convirtió en el elemento más revelador del caso. Mientras los medios estadounidenses informaban que el detenido estaba siendo llevado a suelo norteamericano para enfrentar cargos federales, en Caracas no hubo comunicado, ni aclaratoria, ni desmentido. El gobierno de Daisy Rodríguez guardó silencio absoluto. No explicó cómo agentes extranjeros actuaron dentro del país, no justificó la detención, no mencionó el procedimiento de extradición que exige la Constitución y no defendió la soberanía nacional frente a una operación policial extranjera. La captura, el traslado y la entrega a autoridades federales estadounidenses ocurrieron como un movimiento continuo, sin control judicial venezolano y sin que se activaran los mecanismos legales que rigen la extradición de un ciudadano venezolano.
Este hecho, por sí solo, constituye una violación grave de la Constitución de Venezuela, que establece que ningún cuerpo policial extranjero puede operar dentro del territorio nacional sin autorización expresa del Estado, y que ningún venezolano puede ser entregado a otro país sin pasar por un proceso judicial de extradición, procedimiento que no existe en Venezuela porque la constitución prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos. Esto no quiere decir que sus delitos en el extranjeros queden impunen, sin que ese estado debe remitir a las autoridades que representan a Venezuela su solicitud de juzgamiento, con las pruebas de los delitos cometidos para ser juzgado en el país de acuerdo a nuestro orden constitucional y judicial. En este caso, nada de eso ocurrió. La operación se realizó sin supervisión estatal visible, sin control judicial y sin respeto a la soberanía venezolana quedó reducida a un silencio administrativo.
La captura y extradición de Canelón Aguirre, realizada sin procedimientos legales y sin pronunciamiento oficial, es la evidencia más contundente de que el gobierno de Daisy Rodríguez carece de legitimidad efectiva, porque no controla el territorio, no supervisa la actuación de fuerzas extranjeras y no garantiza el cumplimiento de la Constitución. Y también revela que la Asamblea Nacional anterior, al haber permitido y normalizado violaciones constitucionales durante años, contribuyó a la erosión del Estado de derecho que hoy permite que una operación extranjera ocurra sin resistencia ni explicación.
Este caso no solo involucra la captura de un individuo buscado por delitos graves, sino también un precedente que desnuda la fragilidad institucional del país. Esto prueba claramente de que el gobierno actual es ilegítimo y que la Asamblea anterior también lo fue, porque ambas han permitido —por acción o por omisión— que se viole la Constitución y que se negocie el destino de Venezuela sin autoridad moral ni legal.
*NO AL VOTO LISTA, SI AL VOTO UNINOMINAL, POR NOMBRE Y APELLIDO. AUTO POSTULACION DE LOS CANDIDATOS PARA CADA CARGO PUBLICO, DE ELECCION*. **
*NO MAS INTERVENCION DE LOS COGOLLOS PARTIDISTAS, LOBBYS EMPRESARIALES NI GOBIERNO EXTRANJERO EN VENEZUELA.* FELIPE TORREALBA @felitorr935
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